La vida del convento de la Compañía de María de Talavera de la Reina discurrió tranquilamente de puertas adentro en los años previos a la proclamación de la Segunda República. Sin embargo, algunos acontecimientos durante los últimos años del reinado de Alfonso XIII hacían presagiar la tormenta. Uno de ellos fue el atentado de los anarcosindicalistas contra el cardenal Soldevila en 1923. Como arzobispo de Zaragoza se había señalado por su apoyo al sindicalismo católico con gran eficacia, convencido de la necesidad y posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, lo que le convirtió en un objetivo del sindicalismo revolucionario. El cardenal estaba estrechamente relacionado con la Compañía de María, pues siendo administrador de Tudela había favorecido la fundación del monasterio en Talavera, hasta el punto de acompañar en 1899 a las madres fundadoras en su viaje desde Navarra hasta la Ciudad de la Cerámica.
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Tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 y a raíz de la quema de conventos del 11 de mayo de ese mismo año, las madres del consejo de la casa deliberaron sobre los posibles acontecimientos y los medios más apropiados para salvaguardar las vidas de las religiosas y de las niñas y hasta la integridad del edificio en caso de grave peligro. Era entonces priora la madre Calixta Muruzábal, siendo la sierva de Dios Coínta Jáuregui subpriora y maestra de novicias.
La madre priora pidió al nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Tedeschini, algunas licencias referentes a la clausura y a la pobreza, como permitir la salida de religiosas para buscar alojamiento en España o en el extranjero, consentir que algunos obreros durmieran en el recinto del monasterio por si era asaltado y autorizar a las religiosas enfermas o que lo deseasen salir de la clausura.
El consejo de la casa además decidió enviar a Francia dos madres para que examinasen sobre el terreno lo que se podía hacer si llegase a ser insostenible la vida de comunidad en España y fuese forzoso expatriarse. Se escribió al convento de la Orden que existía en Limoges (Francia), que aceptó gustoso la presencia de dos religiosas durante el siguiente curso escolar. Las dos tuvieron que dejar su hábito religioso y salir vestidas de seglares: eran la madre Coínta y la madre María Dolores González-Tablas. Les acompañaron en su viaje de ida don Toribio Jimeno, su hija Emilia y el chófer Agapito.
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Las religiosas buscaban conocer la experiencia de la comunidad de Limoges, que había sobrevivido a la inestabilidad política y a la persecución religiosa. Pero en Francia también pasaron graves apuros por las constantes visitas de la inspección francesa, hasta que lograron legalizar su estancia en el país vecino. Un año después regresaron a Talavera, salvando graves obstáculos y con pocas esperanzas de tomar ese camino. En este caso, les trajeron de vuelta don Ramón Moya y su hija Antonia.
Otra de las decisiones tomadas fue la de seguir con la labor educativa en la medida en que pudieran, pues algún conato hubo de intentar cerrar el colegio por parte de las autoridades locales. En el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento se recoge que, en la sesión del 1 de febrero de 1932, Francisco Valdés Casas propuso al alcalde, Francisco Cancho Ceballos, que ”haga las oportunas averiguaciones encaminadas a comprobar si las monjas que habitan el convento de la Enseñanza están dentro de este Decreto [de disolución de la Compañía de Jesús], interviniendo el Sr. Fernández Morales [Julio Fernández-Sanguino Morales] para exponer que, a su juicio, nada tienen que ver las monjas de referencia con el Decreto leído, ya que pertenecen a Orden completamente distinta de la de san Ignacio; y contestando del Sr. Alcalde que ya le preguntó al Sr. Gobernador”.
Este suceso fue recogido por el periódico El Castellano, en su edición del jueves 4 de febrero, en la que aparecen intervenciones no recogidas en el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Así, la intervención del exalcalde Valdés Casas acababa con la petición de que se investigue si las religiosas de la Enseñanza están comprendidas en ese decreto, para proceder a su expulsión, ya que su edificio vendría muy bien al Ayuntamiento. Y uno del público gritó: “Aquí hay una cerilla, si hace falta”.
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El columnista reflexiona irónicamente: “Como aquí [Talavera de la Reina] no hay jesuitas, no pueden algunos darse el gusto de verlos salir en peor condición que los moriscos de Granada. No quieren perderse ese espectáculo y se han fijado en la Enseñanza. ¡Dejen en paz a esas pobres monjas y acepten mis servicios como víctima voluntaria! Yo me ofrezco, sumiso, siempre que el señor Valdés encuentre una sustancia que me disuelva”.
Se ve, por tanto, que en Talavera los anticlericales se habían fijado en el colegio de la Compañía de María.
Fuente: Vistas de Talavera, de Ruiz de Luna
Respecto a las autoridades nacionales, no hubo, sin embargo, ninguna dificultad al principio. Eso sí: el cambio de sistema político supuso también la modificación de la legislación y había que adaptarse a ella. Por ejemplo, la nueva Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas de 2 de junio de 1933 del gobierno republicano de Azaña exigía la inscripción de la casa. Así lo hicieron las religiosas el 17 de abril del año siguiente, presentando de nuevo sus Reglas y Constituciones, con adaptaciones en los puntos en que podían ser modificadas para que fueran aprobadas.
La relación con la Inspección Provincial de Enseñanza transcurrió también con normalidad e incluso la inspectora hizo en su visita anual un elogio a las clases y al pensionado, que se mantenía como años anteriores. Solo se produjeron pequeños cambios, como el hecho de que las niñas internas ya pasaban la Navidad en sus casas.
Las religiosas del colegio no descuidaron en estos tiempos difíciles su formación pedagógica o la mejora del material del centro. De hecho, compraron un gramófono para las clases de idiomas y se carteaban con el colegio de Barcelona para adoptar sus métodos educativos.
También en estos años de la Segunda República las religiosas de la Enseñanza iniciaron obras sociales, como organizar el Sindicato Católico de la Aguja, fruto de la labor del beato Saturnino Ortega Montealegre, el confesor de las religiosas, aunque era atendido por las madres. A él pertenecían unas 180 jóvenes obreras que, por una pequeña cuota, se beneficiaban de recibir socorro cuando caían enfermas o una dote si la necesitaban para casarse. El Sindicato fue formalmente constituido, con su propia Junta Directiva, y aprobado por la Delegación Provincial del Trabajo el 10 de marzo de 1936, pero tuvo una breve vida pues la guerra civil impidió su continuación.
Fuente: Archivo ONS Talavera
Poco a poco crecía la inseguridad en la ciudad, sobre todo durante la noche. Se hizo necesario vigilar el edificio, para lo que se ofrecieron algunos señores conocidos de las religiosas, entre los que se encontraban padres de alumnas. Pronto llegaría la fecha en que tuvieran que abandonar el monasterio.
